viernes, 25 de febrero de 2011

A la Familia Reyes Salazar


A la Familia Reyes Salazar

Con profundo pesar hemos leído la noticia de que fueron encontrados en la gasolinera de Guadalupe Distrito Bravos, en el Valle de Juárez, los cuerpos sin vida de Elías Reyes Salazar, María Magdalena Reyes Salazar y Luisa Ornelas Soto, detenidos desaparecidos el lunes 7 de febrero.

18 días de terror han vivido los familiares que valientemente y a pesar del costo en vidas que han tenido que pagar, siguen luchando, nuestro reconocimiento por esa actitud valiente.

El Estado mexicano niega los actos de desaparición forzada, y culpa a la delincuencia de los hechos, incluso se encontró un mensaje que “explicaba” el motivo del “asesinato”, para deslindar al Estado de los hechos, qué conveniente, si la familia Reyes Salazar no hubiera protestado, si organizaciones y personas solidarias no hubieran ido a plantarse frente a la PGR en Juárez y en la Ciudad de México, es seguro que nunca hubiéramos sabido del paradero real de Elías, María y Luisa, es gracias a esta presión en el ámbito nacional y a la respuesta internacional de, por ejemplo, Amnistía Internacional, que la “delincuencia” aparece los cadáveres y “explica” las causas, al mismo tiempo que exonera al Estado de responsabilidad, muy conveniente, muy a tiempo, la maquinaria funciona, no podemos más que decir que la maquinaria terrorista del Estado ya está funcionando muy bien.

Si olvidáramos las causas que motivaron estos hechos, podríamos pensar y darle la razón al Estado cuando explica que tienen relación con la delincuencia, pero recordemos que la lucha que emprendió la familia Reyes Salazar fue y sigue siendo contra la militarización, contra el Estado-narco-paramilitar que utiliza en todo el territorio nacional a sujetos vestidos de negro, muy bien armados, que cuando detienen personas, ya sean éstas, delincuentes, población civil o luchadores sociales, cerca de retenes militares y policiacos o atravesándolos, se desvanecen en la nada, modus operandi criminal aprendido en Colombia y financiado por los Estados Unidos.

Vaya nuestro más sentido pésame a la familia Reyes Salazar por la pérdida de sus seres queridos, un abrazo fraterno y solidario y el compromiso siempre presente de seguir luchando contra la estrategia criminal del nuevo Estado terrorista mexicano.

Comité Cerezo México Organización de Derechos Humanos

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domingo, 20 de febrero de 2011

Boletin de Noticias -Movida Ambiental- [Argentina]


Realizaron un acto de concientización sobre el daño que causa la megaminería

EN LA VÍA DEL TREN DE LA MINERA

Publicado el: 17/02/2011 | A un año de la represión policial que sufrieron vecinos de Andalgalá que se oponen al proyecto minero de Agua Rica, ambientalistas de Santiago del Estero realizaron el martes una jornada de concientización sobre las consecuencias que generan las mega explotaciones mineras a cielo abierto.


Frente a la estación de trenes de La Banda, por donde pasa convoy que lleva la producción de Minera Alumbrera hacia un puerto de Rosario, se desarrollaron números artísticos y musicales alusivos a esta problemática ambiental. Además se entregaron alrededor de 1.500 volantes a los vecinos de la zona.
“Apoyamos esta lucha y consideramos que el peligro de la minería a cielo abierto es tanto local, como regional, nacional y mundial. Lo que está en juego es la naturaleza; la tierra y el agua que nos permiten vivir, las montañas y los árboles que nos cuidan”, afirmó Norberto Costa integrante de la Asamblea Socioambiental.
http://www.primerafuente.com. ar/index.php/noticia/ realizaron-un-acto-de- concientizacion-sobre-el-dano- que-causa-la-megamineria




PARA VER TODAS LAS NOTICIAS:



NOTICIAS AL 19 DE FEBRERO DE 2011

Marruecos, pendiente del 20-F y represión

Marruecos, pendiente del 20-F

Corte de Pakistán congela concesión minera a grupo Luksic y Barrick

CONFERENCIA DE PRENSA POR PRESENTACION DE PEREZ ESQUIVEL

video de talleres integrales de radio en cordoba

No destruyan Magallanes - Chile

“Este es un conflicto que recién empieza”, advirtió famoso abogado contra proyecto carbonífero

Los diputados debaten cómo tratar el proyecto minero San Jorge

Condenados desde el origen

Heridos en Alemania al intentar para un convoy nuclear

Ministros del Gobernador Saiz cobran sobresueldos de 30 mil, 80 mil y hasta 200 mil pesos por mes desde hace 7 años

Estarían vendiendo tierras en Península de Valdes a extranjeros

Manns planea defender en tribunales canción Pascua Lama

Desmontes y muerte en Salta

Muerte rumbo a Veladero

SALTA: Vea el video de la represión a pobladores de Campo Sant

Repudio de Copenoa ante la cobarde agresión de la policía contra el periodista Javier Mdale

Organismos de Derechos Humanos respaldaron a la comunidad toba La Primavera de Formosa

GRAN ASAMBLEA DE ASAMBLEAS PARA DEFENDER LA LEY 9526

JUSTAMENTE ESTO ES LO QUE MENOS NECESITAMOS EN LA UNSE: VINCULOS CON EL SECTOR EMPRESARIO

¿ACUERDO MARCO EN LA UNSE? ¿MINERIA?

PANAMA: Caos en todo el país por protestas contra minería

Conferencia de Prensa en la carpa de lucha Qom para el miércoles 16 a las 15 hs

Una comunidad indígena denuncia persecución judicial para arrebatarle sus tierras

19 de febrero demostremos desfilando que hoy mas que nunca "El Famatina no se toca"

Andagalá: Marcha de mujeres a un año de la brutal represión

Petrobras inicia operaciones en el Golfo y genera temor entre ambientalistas

Ambientalistas advierten por el desastre ecológico del Dique El Nihuil

El Algarrobo recuerda el desalojo por su protesta contra la minería en Catamarca

Traslado de basura nuclear moviliza a ambientalistas en Alemania

Japón suspende caza de ballenas por presion de ambientalistas

REFLEXION AL CUMPLIRSE UN AÑO DE LA REPRESION EN ANDALGALÁ

Ecologistas realizaron una movilización en la estación de trenes

China ya está presente en 23 provincias del país

Ambientalistas plantearon sus dudas ante la nueva propuesta del Gobierno para tratar la vinaza

Panamá: Martinelli trata de confundir a los indígenas con un comunicado tramposo

Campo fértil para la explotación laboral

ASAMBLEÍSTAS VAN AL JUZGADO FEDERAL


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“Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información”. 
Rodolfo Walsh

Norberto Costa
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La lucha de la CRAC contra la maldición minera

La lucha de la CRAC contra la maldición minera
Gilberto López y Rivas

La peor tragedia que pueda ocurrir para un pueblo indígena, mayor incluso que un desastre natural o la presencia de la delincuencia organizada, es que una corporación minera adquiera una concesión para explotar una mina en su territorio. Esta es precisamente la amenaza que se cierne sobre los pueblos indígenas del estado de Guerrero que forman parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
No han sido suficientes los esfuerzos de la CRAC por mantener en la Montaña y regiones de la Costa Chica un eficiente, reeducativo y no corrupto sistema de administración de justicia, así como una de las incidencias de delito más bajas del país mediante una Policía Comunitaria que obedece el mandato de los pueblos de donde son originarios sus integrantes, a la par que ha salvaguardado su autonomía frente a intentos por cooptar y/o criminalizar a la organización. Ahora tiene que enfrentar una difícil lucha que se inició en noviembre pasado, cuando en sus oficinas de San Luis Acatlán, de la Costa Chica guerrerense, se presentaron tres personeros de la minera Hochschild, de capital británico, para notificarles que durante los días subsecuentes un helicóptero al servicio de la empresa estaría realizando vuelos exploratorios por toda la zona a no más de 35 metros de altura.
Estos tres emisarios del Apocalipsis se ampararon con la copia fotostática de un documento donde se afirma que esta corporación cuenta, desde el 21 de octubre 2010, con el permiso de las autoridades mexicanas para realizar esas operaciones, avalado por una obsecuente y desconocida Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Carlos A. Rodríguez Wallenius, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, sustenta que las prácticas y marcos de actuación de las empresas mineras son fundamentales para entender el modelo de acumulación por desposesión, como un mecanismo de explotación del capital que se basa en la privatización de los bienes públicos y el despojo de recursos comunitarios(Empresas mineras, apropiación territorial y resistencia campesina en México, octavo Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Brasil, 2010). Este investigador sostiene que la contrarreforma salinista al artículo 27 constitucional y la Ley Agraria en 1992, los cambios sustanciales a la Ley Minera en 1993, así como la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, permitieron abrir discrecionalmente el sector minero a las empresas extranjeras, otorgar preferencia a sus exploraciones, explotaciones y beneficios (¡que de manera inaudita se consideran de utilidad pública!) sobre cualquier otro uso del suelo, incrementar la duración de las concesiones a 50 años y prestar todo tipo de facilidades en tiempo y forma para adueñarse de grandes cantidades de hectáreas de territorio, literalmente robadas a las comunidades indígenas y campesinas del país, ¡en una superficie que constituye, además, 12 por ciento del territorio nacional!
En el ámbito mundial, los datos empíricos demuestran que las compañías mineras –como las que buscan apoderarse de más tierras indígenas en Guerrero– dejan una secuela de millones de toneladas de tierra y rocas removidas en extensas áreas de operación, con la consecuente destrucción del hábitat y deterioro del entorno social: contaminan ríos, presas y drenajes con sustancias venenosas o sumamente tóxicas; acaparan el agua; explotan a sus trabajadores y los exponen a condiciones de riesgo extremo; apoyan a regímenes antidemocráticos o gobiernos colaboracionistas –como el de México–, contratan incluso matones y grupos paramilitares para enfrentar a sus opositores y organizan poderosos grupos de presión (llamados con el eufemismo anglicista de lobbies) que actúan en los parlamentos sobornando, comprando conciencias, hasta de congresistas de la izquierda institucionalizada, para que apoyen sus negocios en el país o proyectos que los benefician, como el del complejo hidroeléctrico de Belo Monte, en Brasil. Todo ello, a cambio de los escasísimos ingresos que reciben los pobladores de los territorios explotados (1.3 a 2.9 por ciento, entre rentas y apoyos, cuando los reciben), que llegan a ser convencidos para otorgar los permisos con engaños, por la necesidad imperante y la corrupción de líderes o caciques que se prestan para servir de amanuenses nativos de las corporaciones, en su mayoría canadienses (77 por ciento del total en México). Este factor es importante: la CRAC debe lograr la unidad de todos los pueblos, pues las mineras son expertas en provocar divisiones comunitarias y agravar conflictos agrarios para vencer voluntades y abrir los territorios a su acción destructiva. La única defensa frente a la amenaza minera es la organización, movilización y fortalecimiento de la autonomía de las comunidades indígenas-campesinas afectadas. No hay que esperar algún tipo de defensa o protección del gobierno mexicano en los diversos ámbitos de autoridad. Rompiendo récords en cuanto a apertura a la inversión extranjera, México es tal vez el país en el mundo en donde es más fácil obtener una concesión minera. Es más, si en 90 días el Instituto Nacional de Ecología no responde a la solicitud de concesión con su informe de impacto ambiental, se da por otorgada la licencia. En comparación, en Estados Unidos y Canadá, los trámites de concesión tardan entre cinco y ocho años.
A 15 años de los acuerdos de San Andrés, la sociedad civil debe apoyar a los pueblos de la Montaña-Costa Chica de Guerrero y a la CRAC en su lucha contra la pretensión minera de apropiarse de su territorio, base material de las resistencias que debe ser defendida, reflejo de las aspiraciones de futuro de quienes viven con la naturaleza, y no a costa de ella.
Fuente: La Jornada
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sábado, 19 de febrero de 2011

Pronunciamiento de la Coordinadora Metropolitana Contra la Militarización y la Violencia de Estado.

Son las 9:00 de la mañana del viernes 11 de febrero; los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa se encuentran tomando clase. De pronto, un desconocido entra al salón preguntando por Bernardo, y el profesor le indica quién es. El sujeto lo ve y dispara tres veces; luego desaparece sin que nadie se lo impida mientras Bernardo yace en el suelo desangrándose.
Hace dos meses, Marisela Escobedo fue asesinada de un balazo en la cabeza cuando protestaba frente al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, y en octubre del año pasado, Darío Álvarez fue víctima de los disparos de la Policía Federal en el marco de un evento contra la militarización y la violencia, un evento como el de hoy. Los tres, como  muchos otros, sufrieron las consecuencias de un país asfixiado por la pobreza, la injusticia, la desigualdad, el desempleo, la corrupción, la indiferencia…
El gobierno y los medios de comunicación dominantes nos han querido convencer de que estamos mejor que antes. En la radio, en la televisión y en los periódicos aduladores del poder, omiten constantemente informar que hay crisis económica en el país, que los trabajadores no ganan salarios dignos, que prima el desempleo, que no todos tenemos acceso a la salud, a la justicia; que la mayoría de los jóvenes son excluidos de la educación, del trabajo y de la seguridad social; que los alimentos básicos suben exageradamente de precio.
Nos han querido convencer de que en México no hay pobreza, a pesar de que existen 80 millones de mexicanos que no tienen asegurado, ni siquiera, el alimento del próximo día; nos han querido convencer de que este gobierno no es corrupto y que no trabaja para un pequeño grupo privilegiado; mientras, se reparten Luz y Fuerza del Centro arrojando a la miseria a más de 44 mil trabajadores junto con sus familias; mientras, concesionan a empresas privadas casi el 20 por ciento del territorio nacional para que sea explotado y se pueda extraer oro y otros minerales a costa de la destrucción de ríos, bosques y tierras de cultivo, como lo harán en la región de La Montaña de Guerrero, como ya lo hicieron en San Luis Potosí, en Chiapas y en otros estados.
Y nos han repetido hasta el cansancio que la única solución a todos nuestros problemas es iniciar una guerra contra la delincuencia organizada, supuesto enemigo interno, como si fuese el único responsable de todos nuestros males, como si no supiéramos que es el mismo Estado quien lo protege, lo fomenta y lo pone de pretexto para iniciar su guerra: guerra de rapiña contra los bienes del pueblo y de nuestra nación, guerra financiada con el dinero y las armas del gobierno estadounidense a través del llamado Plan Mérida, guerra cuyo objetivo, en realidad, es imponernos un modelo económico que profundiza las desigualdades, protegiendo los intereses de una minoría, y que pretende acabar con todo intento del pueblo por darse un gobierno verdaderamente representativo.
¿Acaso creen que somos un pueblo que se traga sus mentiras? ¿Acaso creen que no comparamos los cuatro pesos de aumento al salario con los más de mil que le aumentaron a soldados y marinos?
Habría que preguntarle a los padres de los 994 niños y niñas, que han sido asesinados en los retenes militares o en los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y bandas de delincuentes, si la muerte de sus hijos ha sido lo mejor que les pasó; habría que preguntarnos si la muerte de 34 mil ejecutados, en lo que va de este sexenio, fue la solución a los problemas de sus familias; habría que preguntarles a los familiares de los cientos de detenidos y desaparecidos, si el dolor y la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos les ha permitido “vivir mejor”.
¿Dónde está la justicia en este país? ¿Por qué pretenden robarnos el sentido de la solidaridad, de la dignidad y la capacidad de sentir el dolor ajeno como propio?
La militarización ha ido invadiendo poco a poco el territorio nacional. Desde hace años en Chiapas, Guerrero y Oaxaca; recientemente, en Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán y Yucatán, vemos cómo cientos de soldados patrullan pueblos y ciudades, algunos disfrazados de policías federales, otros de paramilitares. Hoy, la militarización está en nuestra ciudad; los marinos caminan por las calles hostigando a la población.
¿Creen que ver decenas de soldados y policías que ocultan el rostro y apuntan sus armas indiscriminadamente nos da tranquilidad? ¿Cómo hacerlo?, si todos sabemos que la gran mayoría de sus crímenes contra civiles inocentes han quedado sin castigo. Niños, mujeres, jóvenes, personas de la tercera edad en todos los rincones del territorio nacional, ¿quién no ha sido víctima del abuso de autoridad, de la burla, de la arrogancia, de la indiferencia de las autoridades que tan sólo nos consideran “daños colaterales” de una guerra que no pedimos?
Mujeres violadas y torturadas, medio comidas por los perros o los buitres en el desierto; hombres decapitados o colgados en los puentes, con los testículos o el pene cercenados. Esas son las atroces imágenes a las que el gobierno nos quiere acostumbrar, con las cuales nos quiere aterrorizar, paralizar, aislar, sellar nuestra boca para siempre y así acabar, desde ahora y dentro de nosotros mismos, con cualquier esperanza de poder transformar esta realidad que nos imponen como la única posible.
Quieren arrebatarnos el futuro por el cual luchamos para imponernos uno de violencia y sumisión que ellos desean para nosotros. Y nosotros, ¿podremos impedirlo?, ¿seremos capaces de encontrar en el profundo amor a nuestro pueblo el valor, la entereza, la creatividad para impulsar la organización de todos en torno a nuestros problemas sociales? ¿Seremos capaces de ver más allá de nuestro propio sufrimiento, de nuestras carencias? ¿Seremos capaces de alzar la cabeza y ver por todos, con todos, para todos?
Una cosa es segura: la solución a la situación desastrosa en la que vivimos no vendrá de quienes nos oprimen de muchas formas; vendrá de nosotros, vendrá de la confianza en nuestras capacidades, vendrá de todas las mujeres y los hombres que a lo largo de nuestra historia nos han enseñado el sentido de la dignidad, del respeto por el otro, de la decisión férrea, indestructible, irreductible de luchar y resistir, hasta el último momento de nuestra existencia, por el país justo, libre y democrático, al cual aspiramos; vendrá de quienes, a pesar de todo y contra todo, no renuncien a su ardua y cotidiana labor de informarse, sensibilizarse y organizarse siempre con los otros en el barrio, la colonia, la fábrica, la escuela, el pueblo, el hogar, incluso ahí en donde nadie quiera; vendrá de la unidad de todo el pueblo.
¡La militarización no es la solución!  /  ¡Los tanques no aplastan la desigualdad y la injusticia! /  ¡Las armas dirigidas contra el pueblo no liberan; lo someten, lo humillan, lo laceran! / ¡Queremos más escuelas, más libros; no más balas! /  ¡Queremos hospitales, casas dignas; no más helicópteros volando cerca de nuestras cabezas! /  ¡Queremos trabajos dignos, salarios justos; no más soldados entrenados para matar a quienes se les ordena! /  ¡Ser joven no es ser delincuente! /  ¡No a la criminalización de la protesta social! /  ¡No más violencia de Estado contra las mujeres! /  ¡No más violencia de Estado contra el pueblo!
Nos pueden negar nuestro derecho a luchar y a resistir, pero jamás podrán evitar que los hombres dignos, las mujeres dignas busquemos siempre la justicia, la verdad, que no perdamos nunca la memoria ni el objetivo de luchar contra la impunidad.
A todas las víctimas de la militarización y de la violencia sistémica en todo nuestro país, a todas nuestras compañeras y compañeros luchadores sociales que en tiempos recientes han sido perseguidos, torturados, encarcelados, ejecutados extrajudicialmente o han sido detenidos y desaparecidos; a todos ellos desde aquí nuestro amor, nuestro coraje, nuestra decisión de luchar y de jamás rendirnos.
A la población de Ciudad Juárez y del Estado de Chihuahua, en especial, nuestro saludo, nuestra solidaridad, nuestra lucha diaria por la justicia. Por ustedes, por nosotros, por todos somos. Caminaremos hasta el final y haremos siempre nuestro mejor esfuerzo de seguir organizados.
A todo aquél que en este momento nos escucha, a todo aquél que en otro momento leerá esta proclama, luchemos juntos, encontremos las mejores formas de organizarnos, hagamos que este movimiento crezca, para vivir con dignidad, para construir un país justo, un México nuestro, para no pasar por la vida como cualquier recuerdo que el tiempo seca.

 COORDINADORA CONTRA LA MILITARIZACIÓN Y LA VIOLENCIA
Facebook: COMECOM Pueblo Organizado

NOTICIAS

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Marchan estudiantes contra militarizaciónW Radio | Febrero 17 de 2011

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viernes, 18 de febrero de 2011

CIDH Publica informe sobre derechos de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales.




CIDH PUBLICA INFORME SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A SUS TERRITORIOS ANCESTRALES
         

La protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia para la CIDH. Esto se explica porque el goce efectivo de este derecho implica no sólo la protección de una unidad económica sino de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra. Por ello, la CIDH ha venido prestando una particular atención al derecho de los pueblos indígenas y tribales  a la propiedad comunal sobre sus tierras y recursos naturales, como un derecho en sí mismo y en tanto garantía del disfrute efectivo de otros derechos básicos.

En virtud de esto, el derecho a la propiedad garantizado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 21 adquiere una importancia singular para los pueblos indígenas y tribales. La garantía del derecho a la propiedad territorial es una base fundamental para el desarrollo de la cultura, la vida espiritual, la integridad y la supervivencia económica de las comunidades indígenas. Es un derecho al territorio que incluye el uso y disfrute de sus recursos naturales. Se relaciona directamente, incluso como un pre-requisito, con los derechos a la existencia en condiciones dignas, a la alimentación, al agua, a la salud, a la vida, al honor, a la dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación, a los derechos de la familia, y a la libertad de movimiento y residencia.


El informe que la CIDH publica hoy compila y analiza el alcance de los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios, tierras, y recursos naturales. Se basa en los instrumentos jurídicos del sistema interamericano, tal y como han sido interpretados por la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericanas a la luz de los desarrollos en el derecho internacional de los derechos humanos en general.  Su objetivo también es el de señalar problemas, guías y buenas prácticas específicas, con miras a ampliar el goce de los derechos humanos por los pueblos indígenas y tribales del Hemisferio.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. 

Enlaces útiles:

IACHR PUBLISHES REPORT ON INDIGENOUS PEOPLES' RIGHTS OVER THEIR ANCESTRAL LANDS

Washington, D.C., February 17, 2011—The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) today published its report Indigenous and Tribal Peoples' Rights over their Ancestral Lands and Natural Resources.

The protection of indigenous peoples' right to property over their ancestral lands is an issue of particular importance to the IACHR because the effective enjoyment of that right involves not only protection of an economic unit but also protection of the human rights of a collectivity whose economic, social, and cultural development is based on its relationship with the land, which is the basis for its worldview. As a result, the Commission has long paid particular attention to indigenous and tribal peoples’ right to communal property over their lands and natural resources, as a right in itself, and as a guarantee of the effective enjoyment of other basic rights.

The right to property pursuant to Article 21 of the American Convention on Human Rights thus has singular importance for indigenous and tribal peoples, because the guarantee of the right to territorial property is a fundamental basis for the development of indigenous communities’ culture, spiritual life, integrity and economic survival. It is a right to territory that encompasses the use and enjoyment of its natural resources. It is directly related, even a pre-requisite, to enjoyment of the rights to an existence under conditions of dignity, to food, water, health, life, honor, dignity, freedom of conscience and religion, freedom of association, the rights of the family, and freedom of movement and residence.

The report the IACHR is publishing today compiles and discusses the scope of indigenous and tribal peoples’ rights over their territories, lands, and natural resources. In this regard, it analyses the obligation of the States to consult with indigenous peoples and guarantee their participation in decisions regarding any measure that affects their territories. The State has to consult them on any matters that might affect them, the purpose of such consultations should be to obtain their free and informed consent, and they must be carried out in accordance with their customs and traditions, through culturally adequate procedures and taking into account their traditional decision-making methods.

The report is based on the legal instruments of the Inter-American system, as interpreted by the Commission and the Inter-American Court in the light of developments in general international human rights law. It also aims to point out specific problems, guidelines, and best practices to enhance the enjoyment of human rights by indigenous and tribal peoples across the hemisphere.

A principal, autonomous body of the Organization of American States (OAS), the IACHR derives its mandate from the OAS Charter and the American Convention on Human Rights. The Inter-American Commission has a mandate to promote respect for human rights in the region and acts as a consultative body to the OAS in this matter. The Commission is composed of seven independent members who are elected in a personal capacity by the OAS General Assembly and who do not represent their countries of origin or residence.

Useful Links:


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Maria-Isabel Rivero
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martes, 15 de febrero de 2011

Peligra cerro de Potosí en Bolivia



El Cerro Rico de Potosí, que desde hace más de 400 años es uno de los yacimientos donde se extrae mayor cantidad de plata, peligra en su estructura porque nunca ha sido rellenado. Cerca de 8 millones de indígenas murieron allí durante la colonia, y ahora es explotado por una transnacional estadounidense. teleSUR


http://multimedia.telesurtv.net//15/2/2011/26983/tras-400-anos-de-extraccion-de-plata-peligra-cerro-de-potosi-hoy-en-manos-de-empresa-de-eeuu/


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Promo Festival de Cerro de San Pedro



http://www.youtube.com/watch?v=zNzOjgcz1Dw

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10° FESTIVAL CULTURAL CERRO DE SAN PEDRO 12 Y 13 DE MARZO 2011

10° FESTIVAL CULTURAL CERRO DE SAN PEDRO 12 Y 13 DE MARZO 2011


CONVOCATORIA

El Comité Organizador del Festival Cultural de Cerro de San Pedro, anuncia la realización de su decima edición este 12 y 13 de marzo del 2011, en el marco de la defensa del poblado que dio origen a San Luís Potosí, convocamos a todas las fuerzas sociales a que continuemos la defensa tanto en el ámbito local, nacional e internacional del Patrimonio Histórico y Cultural de todos los Mexicanos, ante la devastación que representa el proyecto minero de Minera San Xavier-New Gold.

Este Décimo Festival Cultural, es de la sociedad y del pueblo que se resiste y mantiene una perspectiva de victoria sobre el opresor extranjero. Nuestras armas son La Cultura, las Artes Plásticas, La Música, las conferencias, el Cine, El Teatro, las excursiones, la presentación de trabajos académicos y periodísticos, que año con año demuestran lo que Cerro de San Pedro representa para los Potosinos y los Mexicanos.

Recordemos que la lucha de Cerro de San Pedro, es el eje de innumerables luchas por detener los brutales tajos a cielo abierto, el uso irracional del agua, su contaminación y la impunidad de la alianza entre trasnacionales, instituciones gubernamentales y grupos locales del poder económico y político.

FRATERNALMENTE

COMITÉ ORGANIZADOR



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